La Acreditación de las instituciones de educación superior ¿Conflicto Real, Aparente O Potencial?

Fuente:

www.elsoldeiquique.cl

Verónica Alejandra Lizana Muñoz

“Tengo que confesar que creo poco en las leyes. Si son demasiado duras, se las transgrede con razón. Si son demasiado complicadas, el ingenio humano encuentra fácilmente el modo de deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil. El respeto a las leyes antiguas corresponde a lo que la piedad humana tiene de más hondo; también sirve de almohada a la inercia de los jueces. Las más remotas participan del salvajismo que se esforzaban por corregir; las más venerables siguen siendo un producto de la fuerza”. (Memoria de Adriano, Marguerite Yourcenar. 1982: 96)

La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, fue creada en el año 2006 mediante la Ley Nº 20.129, cuyas normas generales y específicas establecen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Esta Comisión es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el/la Presidente/a de la República, a través del Ministerio de Educación, MINEDUC. Su función principal es asegurar la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, manteniendo informada a la ciudadanía sobre los procesos de acreditación de sus carreras y programas, tanto de pregrado como de postgrado.

En tal sentido, la acreditación institucional refiere a evaluar el proyecto educativo de cada Casa de Estudios Superiores. Etapa que comienza con un proceso de autoevaluación, donde se verifica el cumplimiento de los objetivos definidos en la visión y misión institucional. Para ello, se consulta a fuentes internas y externas, a fin de que identifiquen las fortalezas y debilidades existentes en sus mecanismos de autorregulación. A partir de estos hallazgos, la CNA designa a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, como pares evaluadores. En esta evaluación externa, se certifica a aquella Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, que efectivamente cuenta con las condiciones estructurales para alcanzar sus propósitos de corto, mediano y largo alcance. Finalmente, la Comisión emite un juicio sobre acreditar o no a esta institución, según el nivel de desarrollo de sus políticas de aseguramiento de la calidad. (MINEDUC, 2006)

Si bien, la acreditación busca fortalecer la capacidad de gestión de una entidad educativa, o procura mejorar la eficiencia de los procesos implementados al interior de la misma. Esta evaluación es opcional o voluntaria, y la CNA mantendrá especial consideración hacia la autonomía de cada institución. Además, la Ley establece que si una Casa de Estudios Superiores desea acreditarse, deberá hacerlo obligatoriamente en sus ámbitos de gestión institucional y docencia de pregrado. Para ello, la Comisión configura las pautas de evaluación atendiendo a los siguientes aspectos: (MINEDUC, 2006)

1.- La institución educativa debe contar con políticas de aseguramiento de la calidad, de manera que los propósitos declarados, los mecanismos implementados, las funciones aplicadas y los resultados alcanzados se empleen sistemáticamente en su desarrollo institucional. Para tales efectos, la entidad en vías de acreditación debe velar por el cumplimiento de la misión y visión corporativa, a fin de que estos horizontes de sentido potencien la eficiencia y eficacia en todos sus niveles operativos. Asimismo, debe demostrar que este conjunto de políticas concuerda con los dispositivos de autorregulación de sus unidades (in)dependientes, cuya consistencia o coherencia interna evidencia, tanto una capacidad para efectuar ajustes y cambios necesarios, como una mejora continua de sus contextos y procesos formativos.

2.- La entidad educativa debe contar con estrategias de planificación, evaluación y seguimiento de sus acciones. Por ello, la gestión estratégica diseña un diagnóstico institucional según fuentes internas y externas. A partir de esta información, se pone en práctica un plan de desarrollo, que por una parte establece las prioridades de corto, mediano y largo plazo. Y por otra, examina el grado de avance de las metas propuestas y de los resultados alcanzados, evidenciando la necesidad de nuevos recursos y acciones. La sistematicidad de estos elementos verifica la capacidad de análisis y el manejo de la información de cada gestión institucional.

3.- La entidad educativa debe resguardar los índices de calidad de la docencia de pregrado, a fin de que el diseño y la implementación de carreras y programas sea coherente con el conjunto de políticas institucionales, o mantenga un nivel satisfactorio en todos sus campus y sedes. Para tales efectos, los contextos y procesos formativos requieren de prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje relativamente consistentes, donde se relacionen los tiempos de dedicación del personal docente, con los resultados académicos o calificaciones de los/las estudiantes. Lo que a su vez, implica analizar la infraestructura de las instalaciones; la disponibilidad de los recursos materiales; la progresión académica de los actores educativos; y el seguimiento de los/las egresados/as.

Ahora bien, el 31 de enero del año 2012, Ciper-Chile publicó un reportaje de investigación: “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato…”. En este documento se denuncia a un miembro de la CNA, ex–presidente subrogante de la Comisión en el año 2010 y actual consejero de la misma, porque actúo como juez y parte en el proceso de acreditación de una universidad privada. Al respecto, se especifica que este funcionario tranzó o negoció mediante un contrato… la fiscalización, regulación y/o certificación de la calidad de dicha institución, por la módica suma de $ 60 millones de pesos. Quizás, habría que preguntarle a sus 20.000 estudiantes universitarios, repartidos entre Arica y Punta Arenas, ¿quiénes financiaron los intereses individuales, particulares o privados de este Servidor Público…?

http://ciperchile.cl/2012/01/31/sistema-de-acreditacion-universitaria-bajo-sospecha-por-polemico-contrato/

Según la legislación vigente, los miembros de la CNA vinculados a la propiedad; a los intereses patrimoniales; integren las juntas directivas – consultivas; o mantengan una relación laboral – remunerada con alguna Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica, están inhabilitados para participar en su proceso de acreditación. Incompatibilidad, que subsistirá hasta seis meses después de haber terminado sus funciones dentro la Comisión… Además, estos/as funcionarios/as no serán partícipes de una agencia acreditadora, y anualmente deberán hacer una declaración de intereses o informar sobre algún cambio de circunstancias, en el entendido que esta situación podría restarle imparcialidad.

Entonces, ¿por qué los miembros, funcionarios/as o asesores/as de la CNA son elegidos/as o designados/as por las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica… por qué más del 50% de los/las académicos/as con derecho a voto, provienen de estas instituciones educativas… cuáles son sus parámetros de evaluación o cómo se resguardan los grados de imparcialidad cuando deben fiscalizarlas…?

Por su parte, la “Guía sobre Manejo de Conflictos de Intereses en el Sector Público y Experiencias Internacionales” (OCDE, 2004) distingue:

• Un conflicto de interés real. Esta conducta, situación o estado de cosas se manifiesta en un hecho concreto, donde los intereses individuales, particulares o privados del funcionario público se anteponen a sus obligaciones.

• Un conflicto de interés aparente. Esta conducta, situación o estado de cosas describe un conjunto de intereses privados o personales, que no necesariamente influirá en el funcionario público. Sin embargo, otras personas podrían considerar que éste repercute en el cumplimiento de sus deberes.

• Un conflicto de interés potencial. Esta conducta, situación o estado de cosas genera un conjunto de intereses privados o personales en el funcionario público, que podría convertirse en un conflicto de interés en el futuro.

Considerando estas alternativas, el miembro de la CNA mencionado por Ciper-Chile, incurrió en un conflicto real, puesto que sus intereses económicos se antepusieron al cumplimiento de sus deberes u obligaciones públicas… Es decir, no veló por la preeminencia del interés general por sobre el interés particular, un principio que guía u orienta el accionar de todo funcionario público… De modo aparente o potencial, esta conducta, situación o estado de cosas afecta directa e indirectamente la credibilidad de la Comisión y la transparencia del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior. De allí, la importancia de contar con una fiscalización o una regulación transparente, que visibilice los procesos de evaluación y las actividades asociadas a la acreditación institucional, a fin de diferenciar la gestión de intereses de los actos ilícitos o del tráfico de influencias.

Por último, una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica está en un contexto real y concreto, y tiene la obligación de “hacerse cargo” de la calidad y equidad de sus procesos formativos. Las instituciones de Educación Superior, privadas y estatales, están comprometidas con sus comunidades y deben evitar cualquier aprovechamiento ilegítimo entre sus actores educativos. De este modo se siembra conciencia ciudadana, convivencia democrática e igualdad de oportunidades para la próxima generación de ciudadanos/as chilenos/as

Acerca de NELSON CABELLO

M.B.A.│Postitulo en Derecho Tributario│Postitulo en Liderazgo y Gestión Educacional │Contador Público Auditor│ Socio Fundador de Consultora Sur , dedicada a apoyar Instituciones de Educaciòn y Capacitaciòn en aspectos relativos a Consultorías Tributarias y Financieras, Outsourcing Contable Auditoria Financiera,Control Interno & Gobierno Corporativo nelson.cabello@consultorasur.cl Teléfono Móvil 866 973 03 www.consultorasur.cl
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